Cómo la ley laboral favorece a las grandes y ahoga a las pymes
En España, la legislación laboral y fiscal presume de proteger al trabajador y fomentar el empleo, pero la realidad que viven miles de pequeños empresarios es muy distinta. El sistema, tal y como está diseñado, no solo hace inviable mantener una plantilla legalmente en muchos negocios pequeños, sino que termina favoreciendo de forma directa a las grandes corporaciones.
Un coste laboral imposible de sostener
Para un microempresario, contratar legalmente a un trabajador que cobra 1.300 € netos al mes supone un coste real de unos 2.500–2.600 € mensuales. Esto significa que un bar de barrio que facture 5.000 € y tenga dos empleados ya destina toda su facturación únicamente a salarios y cotizaciones, antes de pagar alquiler, suministros o materia prima. El resultado es evidente: números rojos, incluso trabajando el dueño de sol a sol sin sueldo.
De la subsistencia a la ilegalidad
Ante este panorama, muchas pequeñas empresas optan por sobrevivir recurriendo a prácticas como contratos a media jornada con horas en negro, familiares sin alta o falsos autónomos disfrazados de “colaboradores”. No siempre es por ánimo de explotar, sino por pura necesidad. El problema es que la ley no distingue: si la Inspección detecta irregularidades, las sanciones y el recálculo de cuotas atrasadas pueden arruinar tanto a un bar con un camarero como a una multinacional con 300 empleados.
La tormenta perfecta para las grandes
El problema no se limita a que las grandes corporaciones sobrevivan donde las pequeñas se ahogan; muchas han utilizado de forma masiva las mismas prácticas que hunden a la pyme, pero con un colchón financiero y legal que les permite salir indemnes a largo plazo. Casos como Engel & Völkers (matriz en Alemania: Engel & Völkers GmbH, socio único de su filial española EV MMC Spain, S.L.U.) o Glovo ilustran este patrón: operaron durante años con cientos o miles de falsos autónomos a jornada completa, reduciendo drásticamente sus costes laborales y facturando millones. Cuando llegan las sanciones —como los 6,4 millones a Engel & Völkers o los más de 200 millones acumulados por Glovo—, el impacto es mínimo en comparación con los beneficios extraídos durante años. Además, el uso de estructuras como las S.L.U. con capital mínimo (3.000 €) permite operar localmente con apenas compromiso patrimonial, mientras los beneficios reales se transfieren a la matriz en otro país, con menor carga tributaria y mayor opacidad operativa.
El modelo fiscal internacional
En este esquema, la filial española paga impuestos locales por los beneficios que declara aquí, pero puede reducirlos mediante:
- Dividendos enviados a la matriz, con retenciones mínimas por convenios fiscales.
- Facturación interna (transfer pricing) por servicios, licencias de marca o software que cobra la matriz.
- Préstamos intragrupo con intereses elevados que generan gasto deducible en España e ingreso en el extranjero.
- Pago de royalties por propiedad intelectual registrada fuera.
Si la matriz está en un país como Irlanda (12,5 % de impuesto de sociedades), Luxemburgo o Países Bajos, la diferencia fiscal frente a España (25 % de tipo general) es notable. En el caso de microempresas, el tipo se sitúa entre el 21 % y el 22 %; y para empresas de nueva creación, en el 15 %. Y lo más importante: todo este esquema es legal, siempre que se cumplan las reglas de precios de transferencia.
Quién pierde realmente
Este modelo genera una economía dual donde casi todos pierden:
- La pequeña empresa: compite pagando todo en España y sin ingeniería fiscal, quedando en desventaja.
- El falso autónomo: sin derechos laborales, cotizando menos y con pensión futura reducida.
- Hacienda y la Seguridad Social: pierden ingresos de grandes empresas que trasladan beneficios y de falsos autónomos que cotizan por bases mínimas.
El resultado es perverso: el trabajador se precariza, el pequeño empresario se asfixia, el Estado pierde recaudación real… y la gran empresa gana cuota de mercado y reduce costes.
¿Una alternativa posible?
Un cambio real pasaría por un sistema de cotizaciones y bonificaciones escalado según el tamaño de la empresa, especialmente para aquellas con menos de 10 empleados. Por ejemplo, bonificar el 50 % de la cuota empresarial en microempresas permitiría pagar salarios más dignos sin ahogar al empleador. Esto incentivaría el empleo formal, reduciría la economía sumergida y disminuiría el gasto en subsidios.
Conclusión: un juego amañado
Lo más preocupante es que este modelo no es un accidente: está diseñado para concentrar el mercado.
- Se endurecen normas y cargas laborales.
- Se persigue a pequeños y medianos por incumplir.
- Se deja un marco fiscal favorable a multinacionales.
- Resultado: menos tejido empresarial independiente y más control corporativo.
En un sistema así, el discurso oficial de “proteger al trabajador” queda en entredicho. Todos perdemos… menos los que juegan con las reglas que ellos mismos ayudaron a escribir.
Lo peor es que el futuro no es incierto: el sistema te quiere como un borrego, dócil y predecible. Si no tienes recursos reales, solo aspiraciones, nadie te tenderá la mano. Estás condenado a terminar con la espalda rota, ahogado en deudas con Hacienda y el banco, y con la amarga guinda de una denuncia laboral de alguien que creyó ser explotado… mientras tú llevabas meses sin cobrar un solo euro.
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